• Bárbara Virginia Peñaloza

Principio de acceso al consumo sustentable


I. INTRODUCCIÓN

El presente ensayo persigue analizar la innovadora inclusión en el Art. 1094 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en adelante C.C.y C.N, del Principio de acceso al consumo sustentable incorporado como uno de los principios rectores a la hora de aplicar e interpretar las normas que regulan las relaciones de consumo, junto con el principio de protección del consumidor.

Dicho principio es de suma importancia en los tiempos que corren, cuando el cambio climático es una de las principales preocupaciones a nivel mundial y el Consumismo un comportamiento que aqueja a la sociedad en su conjunto. La producción y el consumo sustentables deben jugar un rol fundamental en la Sociedad del Consumo en la que estamos insertos, en la que el fomento a la adquisición de productos implican, por un lado, la sobreexplotación de energía y recursos naturales valiosos en la producción, y por el otro, la contaminación ambiental que el desecho de lo consumido provoca.

La inclusión de principio de consumo sustentable en el artículo que será analizado debe ser entendida dentro del marco de constitucionalización del derecho privado y la comunicabilidad entre principios del Derecho Público y el Derecho Privado. Así, el principio objeto de análisis es una de la normas ambientales incorporadas al C.C. y C.N. y una herramienta más para su protección, convirtiéndose el ambiente en un bien jurídico protegido, que actualmente tiene una regulación íntegra, ya que no sólo encuentra protección en nuestra Constitución Nacional y en la legislación especial, sino que ahora también el derecho de fondo lo protege mediante normas ambientales expresamente previstas en el nuevo código civil, las que serán objeto de análisis en el presente ensayo.

El concepto de acceso al consumo sustentable establece una vinculación entre el derecho del consumidor, el acceso a bienes básicos y el derecho ambiental. Por ello, para abordar la temática propuesta, será conceptualizado el Principio de Desarrollo Sustentable, también se analizarán las fuentes tanto nacionales como internacionales en las que se ha forjado este principio y luego se aportará un concepto de Acceso al Consumo y de Consumo Sustentable. De esta manera se intentará demostrar la importancia que la inclusión de este principio tiene en lo que a protección del medioambiente y del consumidor se refiere.

II. DESARROLLO

Art. 1094 C.C.y C.N: Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.

En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

1. Principio de Sustentabilidad

Existe una estrecha vinculación entre la noción de desarrollo sustentable y consumo sustentable, pues el segundo es la contracara del primero. La inclusión de los derechos de consumidores y usuarios junto a la normativa ambiental en el capítulo constitucional de Nuevos Derechos y Garantías, incorporado tras la Reforma de 1994 es un fundamento en este sentido, en la inteligencia que no solamente se los agrupó como técnica legislativa por considerarlos derechos de tercera generación, sino por su interdependencia.

Por ello, y en consonancia con el sistema de fuentes establecido en el Título Preliminar del C.C. y C.N, que en su Art. 1. establece que “… en los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de derechos humanos en los que la República sea parte…”, para poder conceptualizar el principio consagrado en el Art. 1094 deben ser analizadas previamente las fuentes que le dieron nacimiento, tanto a nivel nacional como internacional.

Para esto, debemos comenzar analizando el Principio de Derecho Ambiental denominado “Principio de Sustentabilidad”, según el cual, de acuerdo a la definición dada por Marcelo López Alfonsín, “el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse de manera tal que no comprometan las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.”[1]

El autor explica que el desarrollo sustentable ha sido definido como aquel tipo de progreso que satisface necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ello implica, el “buen gobierno” (en muchos documentos internacionales se usa la traducción de “gobernanza” como sinónimo) en la administración de los recursos naturales, de modo de obtener de estos la máxima satisfacción de la generación actual, sin poner con ello en peligro la posibilidad de las generaciones venideras de contar con esos recursos para sus propias necesidades. La idea ya no es sólo preservar o conservar; es también mejorar el ambiente y potenciar sus aprovechamientos con miras al futuro.

La noción de “desarrollo sustentable” fue utilizada por primera vez en un informe elaborado para la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés).

Luego se incorpora al lenguaje de derecho internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo[2], de Río de Janeiro, en 1992, la que en su Principio 4 establece: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.” Asimismo, en su Principio 8 expresa: “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.”

Nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incorpora la noción de desarrollo sustentable en su Artículo 41 en su primera parte, el que versa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

2. Principio de Acceso al Consumo Sustentable

Habiendo hecho un análisis acotado del Principio de Sustentabilidad del Derecho Ambiental, podemos comprender mejor el Principio de Acceso al Consumo Sustentable incorporado al Art. 1094 del C.C. y C.N.

Previamente cabe aclarar que el análisis de este principio debe ser abordado en dos partes, puesto que el mismo consagra dos derechos del consumidor que cabe diferenciar: por un lado el Derecho de Acceso al Consumo y por otro lado el Derecho a un Consumo Sustentable.

a. Acceso al Consumo

Este principio se encuentra consagrado constitucionalmente, en el párrafo primero del art. 42, el que establece el derecho de los consumidores a un trato equitativo y digno: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”

Por su parte, luego de la reforma introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, este principio se encuentra consagrado expresamente en la misma, acorde al precepto constitucional en su Art. 8 bis:

“Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.”

En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, también encuentra sustento este principio dentro del capítulo que protege los derechos personalísimos de la persona humana, específicamente en el Art. 51, el que consagra la Inviolabilidad de la persona humana, estableciendo que “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.”

Luego de haber analizado las fuentes de este derecho, puede ser conceptualizado. Para ello deben distinguirse dos facetas del mismo:

Por un lado, puede definirse como el derecho que tienen los consumidores a no ser discriminados en la relación de consumo arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios, no pudiendo ser excluidos u objeto de tratos inadecuados en razón de su edad, credo religioso, sexo, condición económica o social, tipo racial, nivel de educación, poder de negociación. Es el derecho a un trato digno en la relación de consumo, entendiendo aquí a la dignidad como trato justo en la relación de consumo, con respeto a la vida, salud, e integridad física de las personas.[3]

Pero también este principio implica el derecho de los consumidores de poder consumir, derecho que debe extenderse a todos los sectores de la población.

Según Carlos Eduardo Tambussi, acceso al consumo para todos se vincula indisolublemente con el principio de no discriminación y significa existencia de infraestructuras, medios e información para colocar al consumo al alcance y a la comprensión de todos los sectores de la población, e introduce la problemática de los sectores con necesidades especiales o características diferentes (ancianos, niños, discapacitados, personas de bajo nivel cultural, etc.).[4]

Este principio se vincula por lo tanto, con la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenido, que permita el desarrollo humano, paradigma consagrado en el citado Art. 41 de nuestra Constitución Nacional.

El concepto de desarrollo humano se fue perfilando en los documentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- correspondientes a los años 1990 a 1994, en donde se define como “el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano (...) entre las oportunidades más esenciales se destacan: a) disfrutar de una vida prolongada y saludable; b) adquirir conocimientos, y c) tener acceso a los recursos necesarios para una vida decente”[5]

Según Laura Pérez Bustamante el derecho de acceso al consumo implica el derecho a una vivienda digna, de acuerdo al precepto constitucional del Art 14 bis, a la salud, derecho explícitamente reconocido por el Art 42 de la CN y por Tratados Internacionales, a la educación, reconocido en los arts. 14, 42, 75 inc. 19 y en Tratados Internacionales y a la alimentación, que participa del derecho del acceso al consumo por ser indispensable para la vida.[6]

De manera que consumo no se refiere sólo a la adquisición material de producto mediante el ingreso individual, sino que implica la posibilidad del ser humano a los servicios de salud, educación, transporte, agua potable, electricidad, tecnología, alimentación, seguridad. Estos servicios deben ser procurados por los Estados, para que sus ciudadanos puedan desarrollarse plenamente y ampliar sus posibilidades.

En el Informe PNUD de 1991 sobre Desarrollo Humano se reconoce que para que las personas puedan ejercer sus oportunidades deben gozar de libertad social, económica, cultural y política. Para ello deben darse dos condiciones: En primer lugar, la ampliación de las oportunidades de un individuo o de una sección de la sociedad no debe restringir las oportunidades de otros. Es necesario entonces que las relaciones humanas sean equitativas. En segundo lugar, al mejorar las vidas de la generación presente no deben hipotecarse las oportunidades de las generaciones futuras, es decir que el proceso de desarrollo debe ser sostenible.[7]

En el Informe PNUD de 1992 sobre Desarrollo Humano se completan estas condiciones y se establece que, en términos generales, los requerimientos mínimos para lograr un desarrollo sostenible incluyen: • La eliminación de la pobreza. • Una reducción en el crecimiento demográfico. • Una distribución más equitativa de los recursos. • Personas más saludables, instruidas y capacitadas. • Gobiernos descentralizados más participativos. • Sistemas de comercio más equitativos y abiertos, tanto internos como externos, incluyendo aumento de la producción para consumo local. • Mejor comprensión de la diversidad de ecosistemas, soluciones localmente adaptadas para problemas ambientales y mejor monitoreo del impacto ambiental producido por las actividades de desarrollo.[8]

Dicho esto se advierte la íntima correlación entre desarrollo humano sostenible, derecho de acceso al consumo y consumo sostenible (o sustentable), concepto que será analizado a continuación.

b. Consumo Sustentable

Para comprender dicho principio, es necesario también analizar las fuentes que le dieron origen. Fue en 1985 cuando la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores en el ámbito internacional. Estas Directrices, si bien no eran obligatorias para los Estados firmantes, actuaron como un referente internacional del movimiento de consumidores, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirvieron asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales de protección al consumidor, tal como el caso de nuestra Ley de Defensa del Consumidor.

En 1999 las Directrices fueron actualizadas con una nueva sección sobre Consumo y Producción Sustentables (sección G) para reflejar las preocupaciones ambientales que surgieron durante la década de 1990, anteriormente explicadas, principalmente luego de la Declaración de Río sobre el Medioambiente y Desarrollo de 1992, en donde las Naciones se comprometen a cooperar para promover un sistema económico internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los países (...) y se establece que “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles…” [9]

Actualmente las mismas Directrices son nuevamente objeto de revisión y se ha elevado un Proyecto de Resolución para la consideración de la Asamblea General, teniendo en cuenta el impacto del desarrollo en los mercados y la tecnología sobre los consumidores, sobre todo en lo que respecta a servicios financieros, comercio electrónico, protección de datos personales, entre otras inquietudes.

La Directiva 42 de la sección G sobre Consumo y Producción Sustentables explica que “Consumo sostenible significa que las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y futuras se satisfacen de modo tal que puedan sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental.”

Dicha definición se complementa en la Directiva Nº 8, que establece: “Las políticas de fomento del consumo sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la desigualdad, tanto en el plano nacional como en las relaciones entre los países.”

La definición propuesta por el Simposio de Oslo de 1994 sobre Consumo Sostenible y adoptada por la tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CSD III) en 1995 describe al consumo sostenible como "El uso de servicios y productos que respondan a las necesidades básicas para llevar una mejor calidad de vida y reducir al mínimo el uso de los recursos naturales y materiales tóxicos, así como las emisiones de residuos y contaminantes sobre el ciclo de vida del producto o servicio a fin de no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras"

La tensión que ejercen sobre el medioambiente los actuales niveles y pautas de consumo- traducida en el deterioro de los recursos renovables, el daño provocado por la contaminación y el problema de la eliminación de los desechos-, afecta a los seres humanos desigualmente, en materia de salud, medios de vida y seguridad. De allí la importancia que este nuevo paradigma de consumo sustentable reviste tanto para el presente como para las generaciones futuras y nuestro país no ha sido indiferente ante esta preocupación mundial

Nuestra Ley de Defensa del Consumidor, luego de la reforma introducida por la Ley 26.361 de 2008, establece en su Art. 43, dentro de las facultades y atribuciones de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, Autoridad de Aplicación, la facultad de proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes

Por su parte, el inc. k) del Anexo a la Resolución 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor considera abusivas a las cláusulas que infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten su violación.

Finalmente, cabe destacar la participación de nuestro país, a través de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el Consejo de Expertos de Gobierno de América Latina y el Caribe sobre Producción y Consumo Sostenibles. Dicho Consejo fue creado en el marco del Proceso de Marrakech, en Septiembre de 2002, en la Cumbre Mundial sobre el desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo, donde se adoptó el Plan de Implementación de las Decisiones de la Cumbre en cuyo Cap. III sobre Modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción, se llama a: “Alentar y promover la elaboración de un marco decenal en apoyo de las iniciativas nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sostenibles.”

En 2012 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible "Río+20". Allí se adopta el Marco Decenal de Programas de PyCS, en el párrafo 226 del documento final, “El futuro que queremos”. Se trata de un marco global de acción, para fortalecer la cooperación internacional y acelerar el cambio hacia patrones de producción y consumo sustentables.

La noción de consumo sustentable, como puede advertirse, tiene diversas aristas pues cumple necesariamente con la misma premisa constitucional del desarrollo humano sustentable en cuanto a permitir la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las propias de las generaciones futuras. Pero para ello el consumo sustentable supone por un lado una producción sustentable y por el otro un consumidor educado e informado respecto al bien o servicio que consume y el impacto que la producción y desecho del mismo tiene en el medio ambiente.

De allí que el Estado será el encargado de promover el diseño, la elaboración y la comercialización de productos y servicios que ahorren energía y no sean contaminantes, sino ecológicamente racionales, lo que implica que su elaboración no lleve al agotamiento de recursos naturales y que el producto durante todo su ciclo de vida no tenga una repercusión negativa en el ambiente, sobre todo al finalizar ese ciclo y convertirse en desecho, pues debe evitarse la generación de contaminación y desechos por encima de la capacidad de la tierra para absorberlos.

Asimismo es muy importante que se eduque e informe al consumidor mediante publicidades y campañas de información pública sobre los efectos que los productos y servicios que consumen provocan en el medio ambiente, tanto en el momento de su producción como al desechar los mismos. El Estado de be promover entre los consumidores la cultura del rehuso y el reciclado de lo que se consume, y cuando esto no sea posible, debe educar a la población para que el desecho de residuos sea también sustentable, lo que implica políticas ambientales claras de tratamiento y disposición final de residuos.

Finalmente puede agregarse que en pos del desarrollo humano sustentable en cuanto a permitir la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las propias de las generaciones futuras implica eliminar las desigualdades que existen actualmente respecto al acceso que los ciudadanos como consumidores tienen a los recursos necesarios para una vida decente que le permita satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la salud, la vivienda digna y la educación, puesto que las pautas actuales de consumo sólo llevarían a perpetuar dichas diferencias hacia las generaciones futuras, por lo que las mismas no son sostenibles ni respetan la dignidad de todos los seres humanos.

III. CONCLUSIÓN

La innovadora inclusión de este principio en el código de fondo guarda correlación y coherencia dentro del sistema de fuentes de nuestro derecho en lo que a materia ambiental se refiere, quedando así un sistema armónico de protección del mismo, producto de la comunicabilidad de principios entre el derecho constitucional y el Código que regula las relaciones privadas que ha sido instaurada con la promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Hoy existe coherencia entre el principio protectorio de los consumidores (art. 42, CN) y del ambiente (art. 43, CN) que se refleja en el código en la confrontación entre los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, confrontación que encontramos en dos artículos medulares de la protección del ambiente, por un lado en el Art 14 del C.C.y C al establecer, posteriormente al reconocimiento de los mismos que: “... La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”; y por otro lado en el Art 240, que establece los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes al determinar que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

Estos artículos reflejan la función ambiental de los derechos individuales, entre los que se encuentra el consumo, y consagran al ambiente como un bien jurídico protegido que debe ser resguardado ante el ejercicio individual de los derechos.

También vemos como ha quedado consagrado el sistema de fuentes de protección del ambiente en el nuevo código, el que actualmente abarca a los Tratados Internacionales, a la Constitución Nacional, al Código Civil y Comercial y a la legislación especial, nacional, provincial y municipal (administrativa).

Por lo expuesto, se puede concluir que la inclusión en el Art 1904 del Principio de acceso al consumo sustentable viene a establecer un criterio de interpretación coherente con el sistema de fuentes de protección del ambiente, y recepta el trabajo doctrinario de años, tanto a nivel nacional como internacional en la elaboración del paradigma del desarrollo humano, reconocido en el Art 43 de nuestra Constitución Nacional y que encuentra en el derecho de acceso al consumo y en la noción de un consumo sustentable medios de realización.

Siguiendo por tanto este principio, a la hora de aplicar e interpretar las normas que regulan las relaciones de consumo se debe dar protección al derecho individual de acceso al consumo teniendo en cuenta que el mismo se encuentra limitado por la protección que debe propiciarse al medioambiente.

IV. BIBLIOGRAFÍA

1. AMBUSSI, Carlos Eduardo, Cap. IX, Los Derechos del Consumidor como Derechos Humanos, Derechos Humanos, Fundación de Derecho Administrativo, 5º Edición, 2005.

2. BUERES, Alberto J., Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado, Tomo 1, pág. 629, Ed. Hammurabi, 1º ed., Buenos Aires, 2014.

3. CAFFERATTA, Néstor A., Introducción al Derecho Ambiental, Instituto Nacional de Ecología, 1º Ed, México, 2004.

4. Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992.

5. Desarrollo Humano: Informe 1990, Publicado para el PNUD por Tercer Mundo Editores Bogotá - Colombia 1990

6. Desarrollo Humano: Informe 1991, Publicado para el PNUD por Tercer Mundo Editores Bogotá - Colombia 1991

7. Desarrollo Humano: Informe 1992, Publicado para el PNUD por Tercer Mundo Editores Santafé de Bogotá - Colombia 1992

8. LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo., “Derecho Ambiental”, Ed. Astrea, Buenos Aires-Bogotá,, 2012, pág. 229 y ssgtes

9. Mosset Iturraspe y Lorenzetti, Defensa del Consumidor. Ley 24.240, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, p.11.

10. PEREZ BUSTAMANTE, Laura, Derechos de la Sustentabilidad, pág. 248, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2007.

[1] LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo., “Derecho Ambiental”, Ed. Astrea, Buenos Aires-Bogotá,, 2012, pág. 229 y ssgtes

[2] http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/declaracion.htm

[3] “Todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho a ser respetado como persona, a no ser perjudicado en su existencia y en un ámbito propio del mismo, y que cada individuo está obligado frente a cualquier otro de modo análogo.” Mosset Iturraspe y Lorenzetti, Defensa del Consumidor. Ley 24.240, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, p.11.

[4] AMBUSSI, Carlos Eduardo, Cap. IX, Los Derechos del Consumidor como Derechos Humanos, Derechos Humanos, Fundación de Derecho Administrativo, 5º Edición, 2005.

[5] Informe del PNUD sobre desarrollo humano, 1990.

[6] PEREZ BUSTAMANTE, Laura, Derechos de la Sustentabilidad, pág. 248, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2007.

[7] Desarrollo Humano: Informe 1991, Publicado para el PNUD por Tercer Mundo Editores Bogotá - Colombia 1991

[8] Desarrollo Humano: Informe 1992, Publicado para el PNUD por Tercer Mundo Editores Santafé de Bogotá - Colombia 1992

[9] Principios 8 y 12 de la Declaración de Río de 1992.

#consumo #sustentable #desarrollosostenible #obsolescenciaprogramada

746 visualizaciones0 comentarios