• Bárbara Virginia Peñaloza

Aguayo Rioseco, René Hernán vs. Preval S.A. y otros s. Despido


25/08/2016

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO: La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda entablada viene apelada por ambas partes -actora y demandada- según los respectivos escritos de fs. 268/271 y fs. 263/265, cuyas réplicas lucen a fs. 279/280 y fs. 287/290. La Jueza "a quo", que consideró justificado el despido indirecto dispuesto y en consecuencia procendentes las diferentes indemnizaciones reclamadas, desestimó tanto las horas extras que reclamó el actor, como la existencia de responsabilidad endilgada a los consorcios codemandado, fundada en el art. 30 LCT. Por razones de orden metodológico trataré, en primer término, el recurso deducido por el actor quien cuestiona el rechazo del rubro horas extras. Sostiene la quejosa que la Jueza a quo resta valor probatorio a las declaraciones de los testigos y enfatiza que la demandada no exhibió las planillas horarias de ingreso y egreso y que tampoco hizo mérito de haber desistido la demandada de la pericia contable, razón por la que considera aplicable la presunción del art. 55 LCT. A mi modo de ver, la crítica del reclamante no reúne el requisito de admisibilidad formal que establece el art. 116 de la LO por cuanto advierto que el recurrente no impugna la valoración que se efectuó de las declaraciones testimoniales que fundaron su decisión; haciendo referencia a elementos que no logran revertir la decisión judicial, por lo que propongo confirmar lo allí decidido. Al demandar, el trabajador que se desempeñaba prestando servicios de vigilancia y custodia denunció que cumplía un horario distinto en cada objetivo que prestó tareas. Aclaró que en los últimos tres meses de la relación laboral prestó tareas en el Consorcio de Propietarios del Edificio de Avda. Corrientes 1702 esquina Rodríguez Peña 390 en el horario de 7.30 a 21.20 de lunes a viernes. También afirma que previamente había prestado tareas en el Consorcio de Propietarios del Edificio de Avda. Las Heras 2048 (el que se encuentra en rebeldía ver fs. 99) en el horario de 20.30 a 6.00 de lunes a viernes, y también los fines de semana cuando no se encontraba prestando tareas en el Consorcio de Propietarios del Edificio de Avda. Libertador Gral. San Martín 1146 donde realizaba el horario de sábado y domingo de 20.30 a 6.00 y que por lo tanto realizaba una gran cantidad de horas extras y nocturnas, sin dar mayor precisión al respecto limitándose a consignar el crédito en la liquidación de fs. 10 vta., lo que, adelanto, no sustituye la exigencia contenida en el inc. 3º del art. 65 de la LO. Por su parte, la demandada impugnó la liquidación y solicitó la aplicación de ultra petita inexcusable. Para decidir le otorgo especial importancia a los testimonios de fs. 208/209 y fs. 210, pues entiendo que éstos no han resultado coincidentes y concordantes entre ni, a su vez con lo denunciado por aquél en el escrito inagural. En efecto, mientras Ruppel (véase fs. 208/209) relata haber conocido al actor en el 2008 en un deposito fiscal ubicado en la calle Capitan Cortes lindante con la Villa 31 y describe que el actor trabajaba de 6 a 18 horas -en horario rotativo- y que la mayoría de las veces trabajaba de lunes a lunes. Afirma que conoció al actor trabajando en el edificio de Capitan Cortez hasta el año 2010, porque lo cambiaban de objetivo y perdió el contacto. Afirma que no sabe si el actor trabajó en el edificio de Avda Las Heras 2045 solo manifiesta que el actor le contaba que si estaba. También en forma referencial indica que el actor le contaba que trabaja para los demás consorcios pero afirma que nunca lo vió trabajando en ellos. Por otro lado, Mendoza (fs. 210), quien dice haber llevado comidas al actor haciendo delivery al Consorcio de Propietarios Rodriguez Peña 390 desde el 2011 hasta mediados del 2012, aclara que llevaba casi todos los días comida al actor tanto al medio día como a la noche, tipo 20.30 horas todos los días, incluso algún sábado al mediodía. Al respecto, obsérvese que las declaraciones analizadas no logran acreditar el cumplimiento por parte del actor de una jornada en exceso de las 48 horas semanales (conf. Art. 9, CCT 507/07). Ello es asi porque el testigo Ruppel solo relata que vio trabajar al actor en el edificio de Capitán Cortes y que solo de oídas conoce que trabajó en los consorcios demandados. El testigo Mendoza refiere que le llevó comida al actor al mediodía y a la noche (20.30) al Consorcio de la calle Rodríguez Peña pero sin lograr especificar el horario que cumplía el actor en dicho consorcio, por lo que cabe concluir que los referidos testimonios no definen con precisión la existencia de trabajos extraordinarios. Como corolario de ello, y en referencia a la pretensión de la quejosa referida a la aplicación de la presunción prevista en el art. 55, LCT, estimo que no puede considerarse que el empleador hubiera debido registrar aquello que no ha existido, siendo que no ha sido probado en autos el trabajo cumplido en horas suplementarias, por lo que, en el sub lite, la falta de exhibición del registro por parte de la demandada no puede llevar -por vía de presunción- (conf. arts. 52 y 55, LCT) a tener por acreditado aquello de cuya demostración previa dependía la operatividad de la referida presunción. Asimismo, se impone puntualizar que la liquidación efectuada en la demanda, es imprecisa respecto del rubro aquí analizado, por cuanto, se consigna allí un monto total, correspondiente a una cantidad de horas extras supuestamente laboradas (véase liquidación de fs. 8/vta.), sin detallar a qué periodos corresponde o cómo se arribó a dicho resultado, obviando detraer de los mismos las sumas que en concepto de horas extras surgen abonadas de los recibos de sueldo, todo lo cual le resta claridad al reclamo. Por lo expuesto y argumentos propios del fallo apelado, propongo se mantenga lo decidido en grado al respecto. Seguidamente el actor cuestiona porque la Jueza a quo no le atribuyó responsabilidad solidaria a los tres Consorcios de Propietarios de los Edificios de Av. Corrientes, Las Heras y Libertador, anteriormente mencionados y demandados en autos. La sentenciante de grado consideró que no se había acreditado que las tareas de seguridad cumplidas por el actor resulten esenciales para el cumplimiento de los fines sociales de los consorcios demandados. El quejoso sostiene que el servicio prestado por Aguayo en el marco celebrado entre la codemandada Preval S.A. y los consorcios son necesarios para cumplir el fin social de cada consorcio. Adelanto que, en el presente caso, la queja tendrá favorable recepción en esta alzada. A mi juicio los alcances de la norma deben ser analizados en cada caso considerando la medida y extensión en que la tarea se presta en cada uno de los consorcios demandados, sin perder de vista que la complejidad del desarrollo actual y la diversidad de tareas que se han ido incorporando a la actividad comercial exigen una visión amplia de la norma, dirigida fundamentalmente a otorgar la más extensa cobertura protectora del trabajador subordinado, que es totalmente ajeno a los contratos comerciales celebrados entre las empresas. Señalo que la demandada Preval negó que el actor trabajara para los consorcios de Propietarios citados en el escrito de inicio (ver fs. 27 vta.). Sin embargo el Consorcio de Propietarios de Avda. Corrrientes 1702 en su contestación demanda reconoció que el actor trabajó los últimos tres meses de lunes a viernes (ver fs. 49 primer párrafo). Por su parte, el Consorcio de Propietarios del edificio Libertador 1146 reconoce que era vigilador en el edificio los días asignados de sábado y domingo (ver fs. 65). El Consorcio de Propietarios del Edificio Las Heras 2048 se encuentra en rebeldía (ver fs. 137). En el caso, la actividad de seguridad y vigilancia desempeñada por el demandante, se encuentra integrada a los consorcios demandados y resulta coadyuvante y necesaria para que dichos consorcios cumplan con sus fines. El hecho de que, para cubrir tal necesidad, se hayan valido de la provisión del servicio de otra empresa, no los exime de asumir la responsabilidad que les incumbe en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. En mi opinión, las tareas de esa índole resultan propias e imprescindibles de la actividad de los consorcios demandados, en tanto no puede negarse que la seguridad resulta hoy día un elemento de importancia para el normal funcionamiento de ellos. En atención a las consideraciones preceden mencionadas corresponde revocar la sentencia en este aspecto y extender la responsabilidad solidaria a los tres consorcios demandados en autos. La parte demandada Preval S.A. se agravia porque el hizo lugar a la multa a establecida en el art. 80 modificada por el art. 45 de la Ley 25345. Considera excesivo que la única forma de liberarse de dicha carga sea la consignación judicial, puesto que, según su criterio, puso a entera disposición del actor dicha certificación. Considero que la queja no debe prosperar, pues esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en el sentido de que la entrega de los certificados de trabajo al dependiente se deben realizar en oportunidad de la extinción de la relación laboral y que es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto es, en el tiempo de ley. En otros términos, no basta que la empleadora argumente que los certificados se encuentren a disposición del actor, sino que es necesario que se arbitren los medios para su entrega en debido tiempo y forma, por lo que considero que corresponde confirmar en este aspecto la sentencia apelada. Por ello corresponde confirmar la multa del art. 80 LCT (modificado art. 45 Ley 25345) y mantener la obligación de entregar al actor los certificados previstos por el art. 80 LCT, según las constancias verídicas de la relación que surgen de la sentencia definitiva. Resta resolver el planteo de Preval S.A. respecto al rechazo de la sanción por pluspetición inexcusable oportunamente solicitada. La Jurisprudencia ha sostenido que la misma es aplicable en casos extremos y cuando de la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, el que debe quedar debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave, pues de lo contrario se puede afectar un principio constitucional como es el de defensa en juicio, lo que obliga a actuar con mayor prudencia. Siendo ello así, no considero reunidos esos requisitos en el presente caso, ya que el mero hecho de que el actor haya reclamado una cantidad de horas extras aún cuando en el caso no haya logrado acreditar el cumplimiento de ellas, estimo que, en el caso, el actor pudo razonablemente considerarse con mejor derecho para reclamar como lo hizo, por lo que no se ha configurado en este caso la pluspetición inexcusable que se pretende. De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto lo resuelto por la Jueza de grado en materia de costas y honorarios y pronunciarse originariamente. Teniendo en cuenta la modificación que propongo, corresponde una modificar la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios a los profesionales intervinientes. En atención al mérito y extensión de las tareas profesionales realizadas, considero que las regulaciones de honorarios de la representación letrada de la parte actora (incluyendo su actuación en el SECLO), de la Preval S.A., del Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Corrientes 1.702, 1.704, 1.708, 1.712 y 1.716 Esquina calle Rodríguez Peña 390 y 394, del Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Libertador Gral. San Martín 1146/40/50, y del Consorcio de Propietarios del Edificio Las Heras 2048, en el 17 %, 15 %, 13 %, 13 % y 11 % respectivamente sobre el monto total de condena con más los intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la Ley 21839). Las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN). Por las tareas realizadas en la alzada propongo que se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 263/265 y 268/271 en el 25 % de lo regulado en la instancia anterior. EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO: Que adhiero al voto que antecede. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada condenando a Preval S.A. y extendiendo la condena solidaria al Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Corrientes 1702, 1704, 1708, 1712 y 1716 Esquina calle Rodríguez Peña 390 y 394, al Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Libertador Gral. San Martín 1146/40/50, y términos del art. 30 LCT a pagar al actor la suma de $ 102.286 con más los intereses determinados por la Jueza "a quo", 2) Costas de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas, 3) Regular los honorarios por la representación y patrocinio del letrado de la parte actora, de la demandada Preval S.A., del Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Corrientes 1702, 1704, 1708, 1712 y 1716 Esquina calle Rodríguez Peña 390 y 394, Consorcio de Propietarios del Edificio Avda. Libertador Gral. San Martín 1146/40/50, y del Consorcio de Propietarios del Edificio Las Heras 2048, en el 17 %, 15 %, 13 %, 13 % y 11 % respectivamente sobre el monto total de condena con más los intereses, 4) Por los trabajos realizados en la Alzada regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25 % de lo que les corresponda por su labor en la instancia anterior. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y vuelvan. GRACIELA L. CRAIG - LUIS A. RAFFAGHELLI.


15 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo