• Bárbara Virginia Peñaloza

González, Luis Fabián vs. Ferrovías S.A.C. s. Diferencias de salarios


14/09/2016

Se procede a votar en el siguiente orden: El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo: I. La sentencia de grado anterior, mediante la cual se admitió el reclamo, es apelada por la demandada según los términos de fs. 272/283, que no merecieron réplica de la contraria. II. En lo que atañe a la queja deducida, adelanto mi opinión adversa a la misma. Al respecto, advierto que no obstante el esfuerzo desplegado por la apelante en el extenso escrito recursivo, los argumentos que vierte no rebaten los sólidos fundamentos del fallo apelado, que se asentaron en una apreciación en sana crítica de las constancias de la causa y sobre la base de precedentes del máximo Tribunal en los que dejara sentada expresamente la hermenéutica aplicable a las "privatizaciones" de las empresas estatales y la aplicación de la LCT a las adjudicatarias, como en el caso de autos. En tal sentido, surge claro del precedente "Di Tullio" (Fallos: 319:3071) que la Corte Suprema de la Nación consideró que Ley 23696 contiene un capítulo 'el IV' destinado a "la protección del trabajador" en el cual -en cuanto tiene relevancia en el caso- se establece que durante el proceso de privatización ejecutado por cualquiera de las modalidades y de los procedimientos previstos en los art. 17 y 18 de dicha ley "el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo" (art. 42) (cfr. Considerando 7º). Asimismo, agregó que surge de las normas legales a las que se ha hecho referencia que el objetivo del legislador ha sido impulsar un programa de privatizaciones tendiente a superar la grave crisis financiera del Estado, y a tal efecto le ha otorgado amplias facultades al Poder Ejecutivo. Pero también ha querido el legislador -y así lo dispuso claramente en el texto legal- que en la ejecución de ese programa los trabajadores no dejen de estar amparados por las instituciones del derecho del trabajo (art. 42, Ley 23696). Entre éstas cobra una particular relevancia la que tutela el crédito laboral en el caso de transferencia de establecimientos, ya que se trata de una previsión legislativa que tiene una directa relación con el hecho que se verifica con el traspaso del patrimonio del ente estatal a las sociedades licenciatarias. Por lo tanto cabe concluir que, en razón de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 23696, el Poder Ejecutivo no puede válidamente desconocer la aplicación en los procesos de privatización de lo dispuesto en los arts. 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo -como lo ha hecho implícitamente en el último párrafo del art. 44 del Decreto 1105/89 y, en forma expresa en el Decreto 1803/92- pues ello implica transgredir el marco legislativo que el Congreso ha impuesto a la ejecución de la política de reforma del Estado y, por ende, importa quebrar el principio constitucional de la subordinación del reglamento a la ley. No obsta a tal conclusión el hecho de que el Poder Ejecutivo, al referirse a sus facultades para dictar el Decreto 1803/92 haya invocado -además de las conferidas por los incisos 1º y 2º del art. 86 de la Constitución Nacional y de las emergentes de la Ley 23696- "razones de necesidad y urgencia" que lo autorizarían -según lo expresado en los considerandos de ese decreto- a ejercer facultades legislativas. Ello es así puesto que encierra una evidente contradicción que el Poder Ejecutivo, so color de la "necesidad y urgencia" de llevar adelante el proceso de privatizaciones previsto en aquella ley, transgreda el marco normativo fijado a tal efecto por el legislador en el mismo texto legal puesto que tiene inequívocamente esa implicancia establecer y declarar, como lo hace el arts. 1º del citado decreto, la inaplicabilidad en aquellos procesos de los art. 225 a 229 del régimen de contrato de trabajo aprobado por la Ley 20744 frente a los dispuesto por el art. 42 de la Ley 23696. En tal sentido es conveniente precisar que el caso en examen se encuentra claramente al margen de los supuestos contemplados en la segunda parte del art. 10 de la Ley 23696 -en los que se faculta al Poder Ejecutivo a dejar de lado disposiciones legales, ya que los citados preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo no establecen una situación de privilegio pues son normas contenidas en el ordenamiento general y ordinario del derecho laboral- y ninguna semejanza tienen con las "cláusulas monopólicas" ni con las "prohibiciones discriminatorias" aludidas en el referido art. 10. De tal modo, que resultando la aquí demandada adjudicataria de la explotación del servicio ferroviario bajo el régimen mencionado se verifica entonces la transferencia del establecimiento que regulan los arts. 225 a 229 de la LCT, siendo que además del acta de toma de posesión por parte de la apelante surge la transferencia de los bienes inmuebles y demás materiales que allí se consignan, lo cual ilustra acerca de que a partir del 30/03/94 la misma pasó a ser titular de la explotación, con plenos efecto a partir de las 9 hs. del día siguiente (cfr. fs. 202/207). En ese orden de ideas y sólo a mayor abundamiento, memoro que en oportunidad de emitir mi opinión en el plenario nº 308 de esta Cámara en autos "Failla, Juan Carlos y otro c/ Duvi S.A. s/ diferencias de salarios" (09/12/05), en los cuales se discutía la responsabilidad de la empresa de transporte de colectivo adjudicataria de la explotación de la anterior empresa por un acto administrativo, sostuve que aún cuando dicha transferencia se instrumentó sin acuerdo de partes, siendo la disposición del ente administrador que estableció dicha autorización para funcionar, de forma provisional y a título precario, corresponde que la situación fáctica sea encuadrada en el marco del art. 225 de la LCT, habida cuenta que dicha norma dispone su aplicación en caso de transferencia "por cualquier título del establecimiento" y el art. 227 de dicho ordenamiento legal establece que las disposiciones del art. 225 se aplican también en caso de cesión transitoria del mismo. Desde esa perspectiva, entonces, coincido con la magistrada que me precede en que en el presente caso se ha dado la transferencia del establecimiento que regula la LCT en sus arts. 225 y 229. Ahora bien, atendiendo entonces a que no cabe duda que la demandada continuó la titularidad de la explotación y que -además, en el orden expuesto reconoció las condiciones que tenían los trabajadores que continuaron laborando con ella, cabe inferir que ello fue en un claro ejemplo de su condición de continuadora del empleador del actor. En atención a ello, también se advierte que a la fecha en que el actor se desvinculó de FE.ME.S.A. esto es el 01/08/94 (cfr. fs 183 y 188), la apelante ya había tomado posesión del establecimiento según detallé anteriormente, el 30/03/94. Por lo tanto, atendiendo a que en el marco legal aplicable corresponde contemplar las previsiones del art. 18 de la LCT, en cuanto prescribe que para atender a derechos concedidos al trabajador en función de su antigüedad se considerará tiempo de servicio efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación y -entre otros- cuando habiendo cesado aquél "por cualquier causa" reingrese a las órdenes del "mismo empleador". En función de ello, resulta claro que la apelante -más allá de su diferente razón social a la de la primigenia empresa para la cual laboró el demandante-, en el presente caso resultó el "mismo empleador". Ello, porque en su calidad de continuadora de la explotación, reconoció su titularidad respecto de los restantes trabajadores -ex compañeros del actor con los cuales decidió continuar el vínculo sin solución de continuidad y respetando las condiciones laborales que tenían los mismos en la ocasión-, lo cual evidencia la contradicción en la que incurre al pretender desconocer tal circunstancia respecto del aquí actor y por lo que le resulta aplicable -como se dijo en el fallo apeladola doctrina de los "actos propios". Además, cabe destacar que esta Cámara decidió en el fallo plenario nº 289 del 08/08/97 en autos "Baglieri, Osvaldo Francisco c/ Nemec y Cia", que "el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión". Por lo tanto, si tal responsabilidad resulta de las obligaciones existentes entre el transmitente del establecimiento y su sucesor respecto de un trabajador que se desvinculó con anterioridad a dicha transmisión, resulta lógico concluir que si ese trabajador reingresa a laborar en el mismo establecimiento con el sucesor del titular de la anterior relación habida, el sucesor deba respetar los derechos otorgados por el régimen laboral al dependiente, entre los cuales se encuentra el de su antigüedad con el anterior titular de la explotación (conforme incluso doctrina art. 9º, LCT) (cfr. En igual sentido Sala VII "in re": "Cruz, Angel Omar y otros c/Trenes de Buenos Aires S,.A. s/diferencias de salarios ", S.D. nº 42639 del 30/04/10; ídem: "Agorreca, Norberto Esteban y otros c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ diferencias de salarios, S.D. nº 42.667 del 17/05/10; también Sala II en autos "Piaggi, Eduardo y otros c/ Ferrovias S.A.C. s/ diferencias de salarios", S.D. nº 92551 del 10/05/11).. De allí entonces que en el presente caso, al no haber la demandada considerado el período anterior al reingreso -en que el actor laboró para su antecesora- para liquidar el rubro "antigüedad", le asiste derecho al demandante a percibir las diferencias correspondientes al mencionado rubro, así como su incidencia en las vacaciones gozadas y mal liquidadas por ello, conforme lo resuelto en el fallo recurrido. No empece a ello la invocada admisión tácita del trabajador a la liquidación del mencionado rubro desde su reingreso hasta el reclamo, pues es sabido que el régimen laboral no admite dimisiones tácitas de derechos por parte del trabajador, según previsión expresa del legislador en el art. 58 de la LCT, razón por la cual no resulta aplicable al mismo en el presente caso la "teoría de los actos propios" que invoca la demandada. Por otro lado, en lo concerniente a la tasa de interés fijada y el período a partir de cual se decidió su aplicación en el fallo recurrido, considero que no aparece debidamente rebatida en la pieza recursiva ya que en dicho pronunciamiento se advierte cumplida la directiva que en relación a este accesorio fijó esta Cámara en el Acta 2601, al ponderar que resultaba necesario una adecuación de los intereses que se venían fijando hasta ese momento en los pronunciamientos dictados, estableciendo la tasa que cuestiona la apelante. En esa inteligencia, se consideró que la situación coyuntural imponía establecer un interés que impidiera el envilecimiento del crédito del trabajador y por lo tanto se decidió aplicar a aquellas causas que no tenían sentencia al 21/05/14 la tasa en cuestión. Frente a ello, habiéndose entonces decidido por una de las variables que propenden a mantener el poder adquisitivo de capital adeudado, siendo la otra alternativa la de adoptar índices de precios que por imperio de la Ley 25561 se encuentra prohibido, es que resulta clara la justificación de la adopción de este accesorio, porque es el que en mejor medida refleja la situación económica imperante. En consecuencia, por todo lo precedentemente expuesto, aconsejo confirmar lo resuelto en el grado anterior, lo cual incluye la imposición de las costas de aquella instancia a la apelante, pues se verifica que resultó vencida en el pleito (cf. art. 68, 1º párr., CPCCN). III. Respecto de los honorarios regulados a la representación letrada del actor en la anterior instancia, que motivaron la queja de la demandada, teniendo en cuenta el mérito, extensión y oficiosidad de los trabajos realizados por dicha representación, evaluados en el marco del valor económico en juego, considero que esos emolumentos no lucen elevados y respetan tanto los parámetros expuestos como los aranceles vigentes, razón por la cual sugiero confirmarlos (cf. art. 38, LO y demás normas arancelarias aplicables). IV. Por la forma en que se resuelve el recurso y ante la ausencia de réplica, aconsejo imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, 1º párr., CPCCN) y regular los honorarios del profesional firmante del escrito dirigido a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a la respectiva representación letrada por sus labores en primera instancia (art. 14, ley 21.839). El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede. El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125, LO). A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo que fue materia de apelación; 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado y 3) Regular los honorarios del profesional firmante del escrito dirigido a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a la respectiva representación letrada por sus labores en primera instancia. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.


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