• Bárbara Virginia Peñaloza

YERGA JOSE ANDRES EN JN° 12.547:"MONTENEGRO, LORENZO GUSTAVO C/ PREVENCION A.R.T S.A S/ ACCIDEN


En la Ciudad de Mendoza, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causa N° 13-02011174-1/1, caratulada: “YERGA, JOSÉ ANDRÉS en J: 12.547 “MONTENEGRO, LORENZO GUSTAVO C/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” S/ INC.”

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal : primero Dr. MARIO DANIEL ADARO, segundo Dr. HERMAN A. SALVINI, tercero Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 5/10 José Andrés Yerga, perito médico neurólogo, por su propio derecho, interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia homologatoria dictada a fs. 165/168 de los autos N° 12.547 “Montenegro, Lorenzo Gustavo c/ Prevención A.R.T. S.A. p/ accidente”, originarios de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 24 se admitió formalmente el recurso y se ordenó correr traslado. La contraria contestó a fs. 29/30, solicitando su rechazo con costas.

A fs. 36/37 se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso, entendió que correspondía hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad incoado.

A fs. 43 se llamó al Acuerdo para sentencia y a fs. 44 se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I. La sentencia definitiva de grado homologó un convenio transaccional celebrado por las partes por la suma de $85.000 en concepto de indemnización por el 9,7% de incapacidad, parcial y permanente como consecuencia de un accidente laboral sufrido por el actor con fecha 19/07/12. En dicha sentencia se omitió la regulación de honorarios del perito médico Dr. Yerga por resultar inoficiosa su actuación en la causa.

Para así decidir sostuvo:

1. Que las partes acordaron la transacción del presente proceso para lo cual tuvieron en cuenta el informe rendido por el Cuerpo Médico Forense de fs. 142, conforme a ello, de común acuerdo, pactaron una incapacidad del 9,7% por la dolencia sufrida por el actor que le ocasionó cervicalgia y lumbalgia crónica con limitación funcional.

3. Que a los fines de la regulación de los honorarios del perito, consideró que el informe pericial careció de valor alguno al momento de la toma de decisión por los litigantes por lo que omitió la regulación de los honorarios del perito por resultar inoficiosa su actuación en la causa.

4. Impuso las costas a cargo de la demandada.

  1. 2. Que corresponde homologar el porcentaje acordado ya que se basa en el informe médico oficial rendido por el Cuerpo Médico Forense, el cual resulta dirimente al tener en cuenta el 12% de incapacidad que ya ha sido reconocido en el expte. MO1-H-00238/09 y que no fue considerado por el perito médico designado en autos.

II. Contra dicha decisión, el perito médico interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

1. Funda el remedio en los incs. 3 y 4 del art. 150 del C.P.C. por cuanto estima que la decisión resulta violatoria del derecho de defensa en juicio en tanto ha desconocido el trabajo pericial, la relevancia de la pericia para arribar al acuerdo conciliatorio y ha omitido arbitrariamente regular sus honorarios.

2. Alega arbitrariedad fáctica por cuanto la sentencia afirma que el informe pericial ha carecido de valor alguno al momento de la toma de decisión de los litigantes, lo cual es erróneo.

Explica que las partes expresamente en el acta afirman que: “…luego de un intercambio de ideas y de analizar el resultado de la pericia y en especial el informe de fs. 142 del CMF…”.

3. Sostiene que el a quo arbitrariamente afirma que el perito médico no tuvo en cuenta el informe que surge del expediente MO1-H-00238/09 que arroja un 12% de incapacidad cuando el mismo fue incorporado con posterioridad al informe pericial neurológico.

  1. 4. Expresa que el sentenciante ha omitido valorar el trabajo profesional llevado a cabo por el perito médico, siendo el mismo un trabajo extenso y prolijo, fundado científicamente y con una razonada conclusión.

Alega ilogicidad, arbitrariedad e injusticia ya que se está violando su derecho a una retribución justa y proporcional a las pautas de regulación de los demás profesionales intervinientes

III. Anticipo que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, el recurso de institucionalidad intentado prosperará.

1. El recurrente sustenta su queja en la arbitrariedad en la que incurrió el a quo al no considerar su labor profesional en la causa a los fines de determinar una retribución justa.

2. El acto cuestionado es la sentencia homologatoria del acuerdo celebrado entre el actor y la demandada por el cual concilian, luego de analizar el resultado de la pericial y el informe de fs. 142 del Cuerpo Médico Forense, una indemnización de $85.000 por la incapacidad laboral del 9,7% sufrida por cervicalgia y lumbalgia crónica con limitación funcional.

  1. 3. El recurrente acompañó su informe pericial neurológico a fs. 100/109. En el mismo determinó una incapacidad del 29,8% atribuible al trabajo por cervicobraquialgia postraumática crónica y lumbalgia postraumática crónica. Sus conclusiones (diagnóstico e incapacidad) aparecen extensamente fundadas en los antecedentes personales y patológicos del actor y estudios complementarios. Asimismo realizó un análisis detallado del estado de salud actual del Sr. Montenegro, considerando la historia clínica y la denuncia ante la A.R.T. y determinó la incapacidad a partir de los baremos legales, detallando cada patología y los factores laborales y no laborales a considerar.

Dicha pericia fue impugnada por la parte demandada, contestando el Dr. Yerga la impugnación a fs. 116/117.

  1. 4. Del análisis detallado de la causa surge que el perito recurrente desarrolló su labor profesional en la causa de manera seria y fundada en sus conocimientos técnicos, determinando los datos solicitados por las partes con precisión y solvencia.

Ese trabajo no fue cuestionado en cuanto a su valor probatorio y técnico, ni fue fundamento descartado por el a quo.

  1. 5. La contingencia de que las partes hayan arribado a un acuerdo conciliatorio tiene su fundamento en las constancias de la causa y así lo determina expresamente, y el hecho que el porcentaje de incapacidad conciliado sea diferente al fijado en la pericia no le quita a la misma valor científico y probatorio.

De hecho el acuerdo conciliatorio expresamente dice: “…luego de un intercambio de ideas y de analizar el resultado de la pericia y en especial el informe de fs. 142 del CMF, han arribado al siguiente acuerdo:…”.

6. En materia de honorarios de peritos esta Corte ha sostenido desde antaño las pautas de proporcionalidad que deben tenerse en cuenta a la hora de la determinación de la retribución. Tales pautas son las siguientes: 1) Los dictámenes de los Consejos Profesionales no obligan al Juez a tomar como monto mínimo el informado ni lo vincula (LA 70-134; 69-435; 83-326; 107-244) 2). Debe tenerse en cuenta el monto, valores en juego o importancia del proceso para las partes, principio que rige también para los profesionales en derecho. 3) Los honorarios de los peritos deben guardar proporción con los de los profesionales en derecho (L.S. 98-200; 170-68; 88-113). Esta pauta guarda íntima relación con la pauta anterior. 4) En cuanto a la pericia en sí misma, debe tenerse en cuenta: * Extensión, complejidad, completividad y claridad informativa. * Cantidades pecuniarias contenidas en la pericia, cuando las hubiere. 5) Respecto al trámite de la pericia debe tenerse en cuenta si la labor del proceso ha concluido o no. 6) Y refiriéndose a la utilidad de la pericia, debe ponderase su valor e incidencia probatoria en el proceso, teniendo presente que se devengan honorarios aún en caso de escasa o nula incidencia de la pericia. 7) Regulación a valores actuales. 8) El honorario máximo del perito se traduce en el tercio de lo que correspondería al patrocinante de la parte ganadora en todo el proceso, regla que guarda coherencia con las pautas señaladas en los apartados 2) y 3) principio rector que rige en materia arancelaria y que no es otro que el relativo a la proporcionalidad de los honorarios correspondientes a los técnicos, auxiliares de la justicia, con relación a los montos que se determinan para regular los honorarios de los abogados. (L.A.94-145, LS 463-77, entre otros)

7. A partir de estas pautas resulta arbitraria la decisión del a quo de no regular los honorarios del perito médico interviniente, toda vez que debió considerar la labor profesional a la luz de las mismas en su conjunto, tarea que no realizó.

8. En el caso de autos no es posible saber con exactitud la valoración que habría realizado el juez en el supuesto en que se hubiere dictado sentencia. Sin embargo, puede advertirse que el informe pericial está suficientemente fundando, que el acuerdo conciliatorio fue realizado posteriormente a su presentación y que dicha conciliación se basa en pautas (patologías, relación causal, antecedentes, etc.) determinadas en la pericia.

9. El caso de autos guarda analogía con lo resuelto por esta Sala en los autos N° 112.837, “Alvarez Marcos Luciano en J° 10417 “Guajardo Hugo Victorino c/ Citroandes S.A. p/despido” p/ recurso ext. de casación” y N° 13-02006723-8/1 “Romero, Carina Alejandra en J° 4168 “Pressiani, Hugo Héctor c/López Miguel Osvaldo p/Indemnización por Muerte”, N°: 012174-11090901 "Reta Herrera Luis en J° Palavecino Felix c/ La Segunda ART S.A. p/accidente (10414) p/ Rec. Ext.de Insconstit-Casación”, en cuanto allí también finalizó el pleito mediante un acuerdo conciliatorio de las partes, aún cuando se trató de los honorarios de un perito contador.

10. Todo ello me lleva a sostener que los honorarios del perito médico deben ser regulados en la presente causa, toda vez que su labor fue desarrollada de manera razonada y correcta,

11. Por lo no existe razón para apartarse de las pautas determinadas por la jurisprudencia consolidada de esta Corte y negarle el derecho a cobrar una retribución por su desempeño en la presente causa.

12. El porcentaje de regulación debe fijarse en el 4% del monto de la transacción, tal como se ha sostenido invariablemente.

IV- Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, el recurso de inconstitucionalidad será admitido.-

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V.- Atento al resultado arribado en la Primera Cuestión, y lo dispuesto por el art. 162 del C.P.C., corresponde anular el punto 4 de la sentencia homologatoria pronunciada a fs 165/168, de los autos N° 12.547 “Montenegro, Lorenzo Gustavo c/ Prevención A.R.T. S.A. p/ accidente”, originarios de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.-

Acto seguido, procederé a fallar el litigio en forma definitiva, de modo tal de evitar el reenvío, con todos los inconvenientes y dilaciones que el mismo conlleva (conf. Nota del codificador al artículo 162 C.P.C. y “Vizcaya”, LS 379-113).

Teniendo en cuenta lo determinado en la primera cuestión, corresponde regular los honorarios del perito médico Dr. José Andrés Yerga en la suma de pesos tres mil cuatrocientos ($3.400), esto es, el 4% del monto conciliado.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

VI. Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la cuestión que antecede, y conforme el principio chiovendano de imposición de costas, las mismas se imponen al recurrido por resultar vencido (art. 36 y 148 C.P.C.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 23 de noviembre de 2016.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 5/10 contra la sentencia dictada a fs. 165/168 de los autos N° 12.547 “Montenegro, Lorenzo Gustavo c/ Prevención A.R.T. S.A. p/ accidente”, originarios de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial. En consecuencia, la parte dispositiva se sustituye del siguiente modo: “4) Regular los honorarios del perito médico Sr José Andrés Yerga en la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($3.400) sin perjuicio del I.V.A en caso de corresponder…”

2°) Imponer las costas al recurrido vencido (arts. 36. V y 148 del C.P.C.).

3°) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

NOTIFIQUESE.-


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