• Bárbara Virginia Peñaloza

EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFOR


El 1 de Agosto se cumplió un año de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En esta ocasión abordaremos un tema que recobra importancia dentro de las políticas públicas del Estado, como ser la Niñez y la Adolescencia en el marco de la Sociedad de la Información.

Nuestro actual Código Civil y Comercial Argentino refleja la evolución paulatina de un estado democrático, donde convergen el proceso de constitucionalización del Derecho Privado, así como la comunicabilidad de principios entre el Derechos Público y el Privado. El nuevo código ha incorporado la doctrina y jurisprudencia de años, desde la óptica de los Derechos Humanos, amparados en nuestra Constitución y ha establecido criterios, valores y principios generales; así hoy se encuentran plasmados los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que fuera incorporada a nuestra Constitución Nacional, en el Art. 75 inc. 22, en casi todo el articulado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.y Com.), aportando una regulación acorde a los tiempos que corren para la etapa de la infancia y adolescencia, que implica un desarrollo pleno del individuo desde su niñez hasta su mayoría de edad gracias a un cambio paradigmático respecto a la capacidad de los niños y adolescentes, consagrando el criterio de “capacidad progresiva”.

Capacidad Progresiva. Regulación

En virtud de dicho criterio, consagrado en el Art. 26 del C.C.y Com., el ejercicio de los derechos del niño y el adolescente ya no será rígido, pues si bien la persona menor de edad ejercerá sus derechos a través de sus representantes legales, los niños y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente podrán ejercer por sí los actos que el ordenamiento jurídico les permite.

Hoy la regulación de la persona humana ya no es abstracta, sino que se busca regular la persona en concreto, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez, de manera progresiva, tomando en cuenta lo que explica la neurociencia, que hoy asume un rol preponderante y ha ido aportando al sistema social un gran cambio, basado en la igualdad, el respeto y el bien común. Múltiples disciplinas, como la Filosofía del Derecho, la jurisprudencia nacional e internacional, la Historia del Derecho, el Derecho Comparado y la Sociología Jurídica no cabe duda que también han venido a reforzar todo el camino recorrido por los artífices de la reforma.

“No podemos concebir una sociedad moderna, sana, sociable, confiable, sin ofrecer a los niños un hogar donde impere una comunicación fluida y el respeto hacia el otro”

El legislador de hoy, se basó en la interpretación de casos que han sido objeto de estudio, es por eso que se incorporó al sistema jurídico actual un lenguaje revelador, acorde a los tiempos que corren y teniendo en cuenta a la persona humana en concreto, en sus relaciones de familia, en su interacción con el medio que la rodea, de esta manera el nuevo código aporta pautas y criterios que permiten arribar a soluciones de problemas concretos que plantean un obstáculo en la infancia, reforzando la condición humana, la dignidad de la persona desde la niñez en sus derechos y obligaciones.

El lenguaje moderno de nuestro nuevo código hace mención ahora a la denominada figura de la Responsabilidad Parental como “El conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”(Art. 638 C.C. y Com.). Es decir que aquella “patria potestad” regulada por el Derecho Romano que sostenía que los padres eran dueños de sus hijos es reformulada y su interpretación lingüística-comunicativa es más amigable, adaptada a la sociedad moderna, poniendo el foco en el menor y en el adolescente, en el interés superior del niño, el derecho de todo niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, según su edad y grado de madurez.

La responsabilidad parental como está hoy prevista modifica el rol de los padres, quienes ya no son vistos como “dueños” de sus hijos y de los derechos que a estos les pertenecen, sino que cumplen un rol de acompañamiento en la educación de los mismos, los guían en el ejercicio de sus derechos y deben enseñarles y educarlos para que puedan paulatinamente ir ejerciendo por sí mismos aquellos actos que el ordenamiento jurídico les permite, para que puedan ir formando su propio criterio y opinión y así poder decidir sobre su persona y sobre su propio cuerpo. La capacidad de los menores va así, siendo aumentada conforme se van desarrollando y madurando, con la guía de sus padres, es por eso que hoy se habla de “autonomía progresiva de los menores”

También en este aggiornamiento lingüístico se elimina aquella distinción entre menores púberes e impúberes y simplemente se habla de la persona menor de edad, que es aquella que no ha alcanzado la edad de 18 años. Asimismo, y acorde a la idea de autonomía progresiva, el código incorpora el concepto de adolescente, que es la persona menor de edad que ha cumplido trece años.

Ahora bien se hace necesario analizar esta autonomía progresiva del menor en la Sociedad de la Información en la que está inserto, en la que el acceso a Internet se convirtió en un derecho tanto para adultos como para niños, que debe ser respetado. Si bien dicho acceso se traduce en ventajas para el niño en su desarrollo, sobre todo en el ámbito del aprendizaje y la educación, para la comunicación y el conocimiento, también la web esconde peligros que muchas veces son desconocidos por los padres y los mismos niños.

A la luz del nuevo código, en el que el principio pro minoris se encuentra latente, toda vez que siempre en caso de dudas se favorece al menor de edad, prevalece su derecho a ser oído y la posibilidad que hoy tiene de desenvolverse paulatinamente con mayor libertad a medida que vaya adquiriendo una madurez suficiente, nos preguntamos cuál es el rol que tienen los padres respecto al uso de las TIC`s que efectúan los menores.

Ya concibiendo la funcionalidad de la Responsabilidad Parental en la sección II, el artículo 646 del C.C. y Com. en sus apartados menciona entre las obligaciones de los progenitores, la obligación de educarlo respetando el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos, y a prestarles orientación y dirección para el ejercicio y efectividad de sus derechos. Trasladando estas obligaciones parentales al mundo virtual, vemos que la realidad nos muestra que son los niños quienes desarrollan mayor capacidad para el manejo de las tecnologías, superando así a sus padres, pero esto no quiere decir que el niño haya alcanzado una madurez suficiente que le permita procesar toda la información a la que accede. Es por esto que resaltamos la importancia de la guía y orientación de los padres en este sentido, debiendo estos interesarse en el manejo de internet y de las redes sociales, para poder guiar a sus hijos así como impedir el acceso a cierta información nociva para su formación y eso se logra a través de una comunicación donde impere la confianza, los valores y el respeto.

El rol del Estado

El Estado juega un rol importante como mecanismo de concientización a través de campañas publicitarias, charlas en los colegios, tanto a padres como maestros, resaltando la importancia de esta problemática, es un deber que corresponde a quienes nos gobiernan, son dos elementos importantes que deben estar unidos y debe existir cooperación de los padres y de los políticos para que podamos combatir la criminalidad en el ciberespacio. Es más, el Estado debe planificar sus actos, a fin de cuidar a los niños que es lo más preciado.

Consideramos que en nuestro país han habido grandes avances desde el 2008 hasta la actualidad en el sistema jurídico, principalmente en el ámbito del Derecho Penal, con las reformas introducidas al Código Penal mediante la Ley de Delitos Informáticos dictada en 2008 (Ley 26.288) desde el 2008 y la incorporación del delito de cibercontacto sexual infantil, más conocido como “Grooming”, incorporado mediante la Ley 26.904 del año 2013. Sin embargo, pensamos que es indispensable una política preventiva y orientativa, pues las TIC`s requieren de un uso responsable y la responsabilidad parte del hogar, de los establecimientos educativos y del Gobierno. Si bien existe un Programa Nacional de Educación sobre el uso responsable de la tecnología y la construcción ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desarrollado a través de una guía para adultos, recaudos pedagógicos, emisión de videos tutoriales y exposición dinámica a través de talleres para los chicos, pensamos que dicho Programa sería totalmente inclusivo si llegara a replicarse en todos los establecimientos educativos tanto públicos como privados de la República Argentina.

Otra problemática en materia de Niñez y Adolescencia es la violencia y el acoso psicológico (Bullying) que un importante número de menores sufren en las escuelas. Según un informe de la Unesco, Argentina lidera el ranking Mundial de bullying, según datos arrojados 4 de cada 10 estudiantes secundarios admite haber padecido acoso escolar. El 18% de los chicos confesó haber sufrido burlas de sus compañeros de manera habitual.1

Un gran avance en materia de Bullying y Ciberbullying, fue el dictado de la Ley 26.892 del año 2013 sobre la “Promoción de la Convivencia y el abordaje a la conflictividad social en las Instituciones Educativas”, que tiene como uno de sus principios orientadores el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.

Dicha ley fue reglamentada en el año 2014 por la Resolución CFE Nº 226/14 del por el Ministerio de Educación de la Nación, lo que consideramos como un importante y loable avance, sin embargo sólo contamos con letras en la ley, pues en la realidad, dichas regulaciones no han tenido aplicación, siendo el problema de la violencia en las escuelas, ya sea física o virtual, una asignatura pendiente que debe ser abordada en el corto plazo, pues es la seguridad de los niños y adolescentes la que está en juego.

Conclusión

La importancia que tiene el rol de los padres, y del Estado en la problemática analizada es indiscutible, puesto que de estos sujetos depende la educación de los menores. Los padres desde el seno familiar, y en virtud de los deberes impuestos en nuestra nueva legislación, deben guiar y educar a sus hijos en la etapa de crecimiento y desarrollo personal de los mismos, deben acompañarlos en el uso de las Tic´s, para lo que deberán familiarizarse con las mismas, ayudándolos a seleccionar y comprender la información a la que acceden sus hijos, así como a la información que estos divulgan. Por su parte los docentes en el seno escolar, también deben incluir en los programas de enseñanza ejes de instrucción respecto al uso de Tic´s, y es aquí en donde también entra en juego el rol de los Estados, pues son ellos los que deben impartir las directivas necesarias en este sentido desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Asimismo son necesarias campañas publicitarias al respecto.

Por lo tanto, y en conclusión, creemos que es fundamental centrarse en los siguientes puntos:

  • En primer lugar, realizar campañas de concientización audiovisuales, que resalten las virtudes y los riesgos que significa la web para los niños y adolescentes por todos los medios masivos de comunicación, radial, tv, en las escuelas. Así como también la difusión de políticas preventivas y orientativas a fin de que los padres puedan familiarizarse con el uso de las redes sociales.

  • Por otro lado, enseñar a los niños, tanto en el seno familiar como en la escuela, a protegerse por sí mismos, a formar un criterio crítico ante contenidos que pueden ser nocivos para su formación o ante situaciones que puedan poner en riesgo su vida o su integridad física, moral, y sexual.

  • Entendemos que con la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, con las reformas introducidas al Código Penal y con la legislación apuntada en este trabajo hemos avanzado profundamente en materia de Infancia a nivel legislativo, pero debemos seguir pensando y ejecutando programas nacionales que se basen en el respeto desde edad temprana, y de esa manera construiremos sociedades sanas, sin violencia, y los niños serán grandes replicadores en sus hogares, entorno familiar, y de amistades.

Bibliografía

Publicado en asuntosdelsur.org


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