• Bárbara Virginia Peñaloza

CSJN. Responsabilidad de Buscadores de internet. Derechos personalísimos. Libertad de expresión. Con



Responsabilidad de los buscadores de Internet

CSJN, “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, del 12 de septiembre de 2017.

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017

Vistos los autos: "'Gimbutas, Carolina Valeria cl Google Inc. si daños y perjuicios', y CIV 114474/2006/CSl 'Gimbutas, Carolina Valeria cl Google Inc. si hábeas data'".

Considerando: 1º) Que la actora inició dos demandas contra Google Inc. (en adelante "Google"). Fundó la primera acción en la Ley 25.326 -Protección de los Datos Personales- donde solicitó que la demandada eliminara de sus archivos informatizados sus datos personales (nombre, apellido e imagen personal) que, adujo, utilizaba sin su consentimiento previo y escrito. Sostuvo que Google vincula su nombre con sitios de internet relacionados con prácticas sexuales que considera denigrantes. Asimismo requirió, con sustento en los arts. 31 de la ley 11.723 Y 5o de la ley 25.326, que cesara en el uso de las imágenes que archiva, edita y publica sin su autorización en el buscador de imágenes. Invocó ser una exitosa modelo publicitaria que vive de su imagen y que a través de la firma de contratos autorizó que le tomaran fotografías y se publicaran en diversos medios, pero conservando la facultad de decidir dónde y cómo se publica su imagen (fs. 78/79 y 115/117 del expediente CIV 114474/2006/CSl). La segunda causa que la actora promovió contra Google fue para solicitar la indemnización de los daños y perj uicios por la vinculación de su nombre con sitios de contenido pornográfico y prostitución, en violación a sus derechos personalí- simos al nombre, honor e intimidad. También reclamó por la reproducción, difusión y utilización comercial de su imagen reali-zada sin su consentimiento mediante el servicio de búsqueda por imágenes. Aduj o que la demandada no había cumplido totalmente con la medida cautelar decretada en la primera de las acciones mediante la cual se dispuso el cese del uso antij urídico y no autorizado de su nombre e imagen (fs. 14/30 del expediente CIV 40500/2009/CS1) . 2°) Que la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un pronunciamiento único en razón de la vinculación entre las pretensiones y con sustento en el precedente "Rodríguez, María Belén (Fallos: 337:1174), confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado ambas demandas. Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo sendos recursos extraordinarios que fueron concedidos en razón de haberse cuestionado la inteligencia de normas federales y ser lo resuel to contrario a los derechos que la recurrente pretende sustentar en aquellas (art. 14, inciso 3°, ley 48), y desestimados por la causal de arbitrariedad, sin que se hubiera deducido la queja pertinente (conf. fs. 1508/1509 del expediente CIV 114474/2006/CS1 y fs. 562/563 del expediente CIV 40500/2009/ CS1) . 3º) Que las cuestiones planteadas vinculadas con la naturaleza y alcance de la responsabilidad de los motores de búsqueda han sido examinadas por la Corte Suprema en el precedente "Rodríguez, María Belén (Fallos: 337: 1174), a cuyas consideraciones cabe remitir por razón de brevedad. En apretada síntesis, en dicha oportunidad, se concluyó que la actividad de la demandada importa el ejercicio pleno y regular de la libertad de expresión constitucionalmente protegida y que, conforme a las características propias de internet, resulta razonable admitir que los motores de búsqueda -que carecen de control sobre el contenido proveniente de un tercero potencialmente dañoso y, por lo tanto, de evitar la consumación de un perjuicio derivado de su difusión- solo responden civilmente por el contenido que les es ajeno cuando toman efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y ese conocimiento no es seguido de un actuar diligente (art. 1109 del anterior Código Civil). En efecto, la indiferencia y pasividad en estos supuestos convierte al buscador en responsable de los daños derivados de su actividad, pues con su deliberada conducta omisiva contribuye al mantenimiento del evento dañoso que, en un primer momento, desconoce y le es ajeno. Asimismo, se seftaló que idéntica situación se presenta cuando el buscador deja de actuar como un mero intermediario del contenido proveniente de un tercero y adopta una postura activa con relación a él, ya sea modificándolo, editándolo o, directamente, creándolo. Resulta evidente que en estos casos la responsabilidad no encuentra razón de ser en la mayor o menor posibilidad de evitar el dafto producido por el contenido de un tercero, sino en una conducta antijurídica propia que suscita la obligación de reparar el dafto por ella ocasionado (art. 1109 del citado Código Civil) . 4º) Que como se puntualizó en dicha oportunidad, en ese marco de responsabilidad adquiere especial trascendencia el concepto de "efectivo conocimiento", en la medida en que constituye prima facie el punto de partida de la gestación de la obligación de responder por parte de los motores de búsqueda. De ahí que, como ha sido expresado en el precedente referido, solo habrá responsabilidad cuando los motores de búsqueda tomen efectivo conocimiento de que las vinculaciones a contenidos de terceros lesionan derechos personalísimos de un sujeto y no adopten medidas que, dentro de las posibilidades que ofrece el sistema, eliminen o bloqueen los enlaces pertinentes (confr. Fallos: 337:1174, considerando 18, voto de la mayoría) 5°). Que sentado ello, y en lo que al caso interesa en razón de constituir el agravio federal de la recurrente, la cuestión vinculada con la responsabilidad de la demandada por el servicio buscador por imágenes, encuentra también adecuada respuesta en el citado precedente "Rodríguez, María Belén" (considerandos 19 a 22, voto de la mayoría) . En virtud del modo de funcionamiento de los buscadores de imágenes como el de Google no puede concluirse que la demandada sea responsable de reparar daños como los reclamados. La pretensión de la actora se sustenta en que sus imágenes han sido "captadas" o "reproducidas" por el buscador (art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación) o "puestas en el comercio" (art.' 31 de la ley 11.723) sin su consentimiento, lo que violaría el .derecho a la propia imagen tutelado por normas constitucionales y convencionales. Ello no es así: los buscadores de imágenes como el de la demandada no "captan", "reproducen" ni "ponen en el comercio" imágenes en el sentido empleado por los arts. 31 de la ley 11.723 y 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que simplemente facilitan al público usuario de internet, mediante la indexación y la provisión de un modo de enlace, el acceso a las imágenes "captadas , "reproducidas" o "puestas en el comercian por otros. En situaciones como las examinadas no cabe perder de vista la función limitada y específica del ~ervicio en cuestión, eh tanto constituye una. herramienta de búsqueda automatizada de las imágenes, de libre acceso y contenidas en páginas de terceros ya existentes en la red de internet, con el fin de informar al usuario el sitio web en los que se encuentra la imagen original, cumpliendo así una función de enlace que no difiere, en sustancia, de la que se efectúa mediante el buscador de contenido o textos. Las características propias de los denominados thumbnails -consistentes en una copia reducida tanto en píxeles (resolución) como en bytes (tamaño del archivo) de las imágenes originales-, unido al hecho de que siempre hacen referencia al sitio web en el que se encuentra alojada la imagen original de libre acceso y ya existente en la red de internet, se presentan como notas distintivas que obstan a que pueda considerarse, sin más, a la conducta de la demandada comprendida en la situación contemplada en las normas mencionadas. 6°) Que, por último y como se anticipó, la solución propuesta no se ve alterada por el actual art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que reproduce, en sustancia, la finalidad y el propósito del mencionado art. 31 de la ley 11.723, por lo que cabe hacer extensivas las mismas consideraciones formuladas sobre esta última norma en el precedente "Rodríguez, María Belén" (Fallos: 337: 1174), sin que obste a "ello las variaciones que el citado art. 53 presenta respecto de aquella. Razones análogas dejan sin sustento la pretensión invocada por la recurrente en relación a la ley 25.326. Por ello, se declaran admisibles los recursos extraordinarios y, con el alcance indicado, se confirma la sentencia apelada. Con costas por su orden atento a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, 2° párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

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