• Bárbara Virginia Peñaloza

Prescripción Adquisitiva de Motovehículo



Prescripción Adquisitiva Motovehículo. Plazo breve

Recientemente, la Jueza Roxana Álamo del 1° Tribunal de Gestión Asociada de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, ha admitido en su totalidad la demanda que interpusimos solicitando la Prescripción Adquisitiva sobre un motovehículo clásico, aplicando el plazo breve de 10 años. Les comparto la sentencia.

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-PRIMERO

PODER JUDICIAL MENDOZA

P. R. H. C/ S. G. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Mendoza, 21 de junio de 2019.

VISTOS:

Estos autos arriba intitulados, llamados para dictar sentencia a fs. 89, en oportunidad de celebrarse la Audiencia Final-Protocolo 28211- Oralidad efectiva en Procesos de Conocimientos Civiles y Comerciales www.jus.mendoza.gov.ar/documents/36211/138032/ACTA-COMPLEMENT-CONVENIO-MINISTERIO-JUSTICIA-NACION.pdf/3fde859e-2a9a-4777-aba2-9c981577ff9e, de los que;

RESULTA:

I.- Que a fs. 5/6 se presenta R. H. P., por sí y con patrocinio letrado, e inicia demanda por prescripción adquisitiva larga respecto del motovehículo marca ---------------------------------------, en contra de G. S.E, a fin de que se ordene la inscripción a su nombre.

Funda la legitimación pasiva del demandado.

Refiere que detenta la posesión del vehículo desde el 15/10/1997, fecha en la cual lo adquirió del demandado, mediante boleto de compraventa.

Afirma que desde esa fecha el motovehículo se encuentra en su posesión, lo ha mantenido en perfecto estado, pagado la deuda de patente que tenía desde el año 1995 a la fecha y se ha comportado como dueño del mismo de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

Agrega que el anterior poseedor era el demandado, quien a su vez lo adquirió en fecha 17/11/1994 del Sr. F. V. G., quien a su vez lo adquirió el 28/1/1994.

Indica que detenta la cosa desde hace más de 20 años.

Ofrece prueba. Funda en derecho. Cita doctrina.

II.- A fs. 12/4 se incorpora el informe de estado de dominio del motovehículo.

III.- A fs. 18/20 se anotó la Litis sobre el dominio 915-ATZ.

IV.- A fs. 42 se declara a G. S. como persona de ignorado domicilio, quien fue notificado mediante edictos de fs. 59/60.

V.- A fs. 53 se hace parte la DÉCIMA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES por los posibles terceros interesados, notificados por edictos a fs. 43/47.

VI.- A fs. 70 toma intervención la DÉCIMO NOVENA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES por el demandado G. S.

VII.- A fs. 79/80 se dicta el Auto-Convocatoria de Audiencia Preliminar- Protocolo 28211- Oralidad efectiva en Procesos de Conocimientos Civiles y Comercialeswww.jus.mendoza.gov.ar/documents/36211/138032/ACTA-COMPLEMENT-CONVENIO-MINISTERIO-JUSTICIA-NACION.pdf/3fde859e-2a9a-4777-aba2-9c981577ff9e, lo que resultó consentido.

VIII.- A fs. 82/3 se celebró Audiencia Inicial y en dicha oportunidad se resolvió sobre la sustanciación de la causa, se fijó audiencia final para el día 10/5/2019 y la caducidad de las pruebas para el mismo día. La prueba resultó rendida de la siguiente forma:

· Instrumental: fs. 2 y la documentación digitalizada según constancias de fs. 3/4.

IX.- A fs. 89 consta acta de audiencia final en los presentes autos, en la que consta la filmación de los alegatos realizados por la parte actora en forma oral. La misma puede consultarse en -------------------------

Dado el relato del íter del proceso, puede medirse su duración, por lo que se observa que la demanda fue interpuesta con fecha 26/8/2016, la Audiencia Inicial celebrada con fecha 29/3/2019, la Audiencia Final con fecha 10/5/2019, mientras que la sentencia lo es con fecha 21/6/2019, es decir, que entre la Audiencia Inicial donde comienza la Gestión oral y efectiva de la prueba hasta la sentencia, transcurrieron 2 meses y 22 días corridos.

CONSIDERANDO:

I. Con respecto a la aplicación de la ley, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, según ley 26.994 (B.O.del 8/10/2014), modificada por ley 27.077 (B.O. 19/12/2014), a partir del 1/8/2015, en un fallo reciente la Cuarta Cámara Civil sostuvo que en un caso en el que pretende adquirir el dominio mediante prescripción larga, y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1909 del Código Civil y Comercial, corresponde aplicar la ley vigente al momento que comenzó a ejercerse la posesión del bien, puesto que las leyes, en principio, no se aplican retroactivamente, y que este supuesto no se encuentra entre los específicamente determinados por la ley a manera de excepción (art. 7, Código Civil y Comercial) (Cuarta Cámara Civil in re N°52.101 “CORDIVIOLA”, 16/2/2017, en www.jus.mendoza.gov.ar, citando a la 1° Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, 01/12/2015, “R. B. O. y otro/a c. S. U. de T. del N. A. s/ prescripción adquisitiva de dominio y acumulada”, DJ 15/06/2016, 74) –el destacado es de la presente resolución-.

Siguiendo la doctrina que se ha pronunciado sobre la cuestión del derecho transitorio, la situación jurídica existente a la que se refiere el artículo 7º es lo opuesto a la situación jurídica agotada o consumada, lo que en materia de prescripción adquisitiva requiere distinguir dos aspectos fundamentales: la adquisición del derecho y su trámite procesal con la pretendida configuración del título en sentido instrumental, cuando esto último corresponde y se haya peticionado (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Rubinzal Culzoni, p. 25 y sgtes.).

Si el proceso está en trámite -y en él se ha invocado la usucapión como acción, excepción o reconvención- debe entenderse que la adquisición del derecho habrá ocurrido durante la vigencia del ordenamiento anterior.

Por consiguiente, las cuestiones de fondo (adquisición del derecho) constituirán una situación jurídica agotada.

Sin embargo, encontrándose en curso el proceso judicial tendiente a obtener la sentencia que así lo tenga probado y, en los casos en que corresponda, sirva de título instrumental, la conformación del título (aspecto de forma) es una situación jurídica existente que debe regirse por el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, las disposiciones de forma contenidas en el artículo 1905 del CCyC -la anotación de litis, la fecha de adquisición en la sentencia y los alcances de la retroactividad de ésta última- son aplicables a todos los procesos en los que no existiere sentencia firme con anterioridad al 1º de Agosto de 2015, puesto que aun cuando se hubiese dictado sentencia de primera instancia, su falta de firmeza impide calificar a la situación jurídica como agotada o consumada. (SABENE, Sebastián E., “La anotación de litis del artículo 1905 del Código Civil y Comercial de la Nación”, LLBA2015 (diciembre), 1200)

En el mismo sentido, se ha pronunciado nuestro fuero local (Segunda Cámara Civil, in re N°51.453 “BARRERA”, 8/9/2016, en www.jus.mendoza.gov.ar).

Bajo las premisas legales delineadas en forma general, se analizará la solución que corresponde otorgar al conflicto de marras.

II.- Ello así, cabe destacar que el estatuto de la propiedad del automotor, está regulado en forma especial por la ley.

En efecto, el Dec. Ley 6.582/68, reglamenta lo relativo al dominio de los automotores, su transmisión y prueba. Del art. 1, surge el carácter constitutivo de la inscripción registral, a los fines de la adquisición de esta especie de bienes muebles. En consecuencia, en el caso de no haberse cumplido con el recaudo inscriptorio, la única vía legal para alcanzar la propiedad, es la prescripción. Se trata de la denominada por la doctrina, "prescripción contra tabulas" –el destacado es de la presente resolución-.

Corresponde entonces determinar, cuáles son las normas regulatorias de este modo de adquisición, y que resultan de aplicación en el caso que nos ocupa. Sobre este punto, las soluciones doctrinarias, han sido diversas.

Una buena parte de la doctrina, ha sostenido la aplicación del art. 4016 bis del C.C., que establece un plazo de prescripción bienal.

Así, LLOVERAS, para quien "en el supuesto normado por el segundo párrafo del art. 4016 bis, está implícitamente comprendido el caso de los terceros poseedores de buena fe de cosas muebles registrables no robadas ni perdidas", sostiene que "La "inscripción previa", en Registro de la cosa mueble registrable a nombre del poseedor no es ni puede ser un requisito de la prescripción adquisitiva bienal" (Rev. J.A., abril, 1995, nº 5929, págs. 13 y 14).

Sin embargo, entiende la suscripta que la norma aludida no es aplicable al presente supuesto, aunque, aún en el caso de aceptarse su aplicabilidad, no se trate de cosas robadas o perdidas, el trámite registrativo es ineludible.

Ello así, en razón de que, como principio general, para que se opere la prescripción breve, -como la prevista en el art. 4016 bis-, uno de los presupuestos debe ser el del "justo título".

En el caso de los bienes para los cuales la inscripción tiene efecto constitutivo, de adquisición, ese justo título necesario no resulta ser semejante al de los bienes para los cuales la inscripción es al sólo efecto declarativo, con efectos "erga omnes", como ocurre en el caso de los inmuebles.

Así, el art. 1 del Dec. Ley 6582/68 reza: "La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de propiedad del automotor".

En tal sentido, se expidió, en su oportunidad, la Dra. KEMELMAJER DE CARLUCCI "...la posesión sin título inscripto no es computable a los efectos de la prescripción breve, pues tratándose de un registro constitutivo, el recaudo inscriptorio es exigido por la propia ley." (Fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de fecha 20/11/91, in re "Manrique, J. H. p/ prescripción ad-quisitiva automotores s/ casación").

Por otro lado, se han hecho los siguientes cuestionamientos ¿debe inferirse, necesariamente, la consecuente aplicación de la norma general, del art. 4016 del C.C., que consagra la prescripción veinteañal?

Existen razones de índole económica, que han obligado a la doctrina a postular de "lege ferenda", la necesidad de modificación de este régimen.

En el fallo antes mencionado, el Superior Tribunal, dijo: "Todos los autores sostienen que la solución es disvaliosa, no sólo porque se trata igual a este comprador que al ladrón, sino porque, después de un lapso tan prolongado, normalmente el automotor ha perdido gran parte de su valor económico".

Esta conclusión se hace patente en el presente caso, dado que se trata de una moto con más de veinte años de antigüedad (1992/2019).

En este sentido, la doctrina elaboró tres teorías: a) la primera entiende que, al no tener inscripto el automotor a su nombre el pretendiente, no puede alegar la buena fe, y por lo tanto no puede usucapir; b) la segunda sostiene que debe darse al poseedor de mala fe el mismo trato, que al poseedor de mala fe de los inmuebles, por seguridad jurídica; y c) la tercera postura entiende que aplicar el plazo de veinte años para usucapir un automotor resulta disvalioso y antieconómico, atento a la durabilidad de los vehículos, instando la aplicación del plazo de prescripción de diez años, previsto en el art. 162 de la Ley de Navegación (20.094) para la usucapión de buques (conf. Segunda Cámara Civil, autos N° 51.666 “BELLUCCI, CLAUDIO C/ JOHN A WALKER S.A.C.I Y A P/ PRESC.ADQUISITIVA”, 26/10/2016, en www.jus.mendoza.gov.ar).

Dicha normativa expresa que la adquisición de un buque con buena fe y justo título, prescribe la propiedad por la posesión continua de tres (3) años. Si faltare alguna de las referidas condiciones, la prescripción se opera a los diez (10) años. Esta postura, sostiene como argumento de que, si los buques que tienen menos desgastes y se pueden usucapir en el plazo de diez años, con más razón sería aplicable tal plazo para un automotor, cuyo desgaste por el plazo del tiempo es mayor, por tener menos durabilidad (fallo citado).

Esta solución fue propuesta por algunos autores de la doctrina nacional (PAPAÑO, KIPER, DILLON, CAUSE, Derecho reales, t. I, Bs. As., ed. Depalma, 1989, pág. 288.), y es la corriente doctrinal receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el segundo párrafo del art. 1899 dispone que: “…adquiere el derecho real de dominio el que posee durante diez años una cosa mueble registrable no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes” (fallo citado) –el destacado es de la presente resolución-.

Esta interpretación que postula la aplicación de diez años como plazo para usucapir los automotores, es la que más se adecua a la realidad económica de los rodados, toda vez que no escapa del conocimiento general, que los vehículos sufren una erosión material por el transcurso del tiempo. Además, el plazo de 20 años previstos por el Art. 4015 del CC está referido expresamente a los inmuebles, y no podría ser aplicado a los automotores, en razón de que no existen parámetros de comparación en la durabilidad entre ambos (fallo citado).

III.- Dadas así las cosas, establecido el plazo de prescripción que se aplicará en la causa -10 años-, procederé a continuación a corroborar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción, tomando como pauta interpretativa lo dispuesto por el art. 1899 del CCyC.

En este orden de ideas, se pueden enumerar los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una cosa mueble registrable no hurtada ni perdida;

b) Que la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo;

c) Que los elementos identificatorios del vehículo sean coincidentes.

d) Que la posesión del rodado alegada sea pública, pacífica e ininterrumpida (según el Código Velezano).

En el caso, se observa que el primer requisito se encuentra cumplido, toda vez que de la cédula de identificación del motovehículo, dominio -----------, y del título automotor obrante a fs.24, surge que se trata de una cosa mueble registrable. No hay constancia alguna de que la misma haya sido hurtada, o tenga el carácter de perdida. También se encuentra acreditado con el informe de dominio obrante a fs.13 que el rodado no tiene denuncia por robo.

Luego, ha quedado probado que el Sr. P. adquirió el rodado del titular registral, Sr. G. S, mediante boleto de compraventa de fecha 15/10/1997, quien le entregó el título automotor, y la tarjeta verde –según documentación digitalizada que tengo a la vista al resolver.

Que los elementos identificatorios del vehículo a transferir coinciden con lo enunciado en el título del rodado y lo informado por el Registro de la Propiedad Automotor de fs. 12.

Finalmente, en cuanto al cumplimiento del plazo de diez años en posesión pública, pacífica e ininterrumpida, estimo que el mismo se encuentra cumplido.

Se toma como inicio del cómputo del plazo la fecha de adquisición mediante boleto de compraventa -15/10/1997-, como lo afirma la parte actora.

Asimismo, se tiene en cuenta el pago de deuda de patente que efectuó el actor al momento de adquirir la moto, como así también el pago de dicho impuesto de los años 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014, según documentación digitalizada que tengo a la vista al resolver.

Luego, de la testimonial prestada en audiencia final del Sr. D. B. C., surge también la fecha aproximada del comienzo de la posesión de la moto por parte del Sr. P. –año 1998, 1999, 2000-.

El testigo manifestó conocer al actor desde hace 30/35 años porque fue su alumno suyo en la facultad y hoy son colegas (minuto 2.30).

También declaró que el dueño de la moto -----------, es el Sr. P. Manifestó que le consta porque en el año 1998, 1999, 2000 tuvo que hacer con el actor una delimitación en propiedades colindantes en Barranca, él por un propietario y el actor por otro, para lo cual tuvieron que juntarse en su estudio y en la casa del Sr. P. para poder resolver la parte técnica del trabajo, y ahí fue cuando vio la moto en casa del actor, estuvieron charlando sobre la moto y le comentó el Sr. P. que hacía un tiempo que la había adquirido y tenía que transferirla (minuto 3.05).

Finalmente agregó que tuvo conocimiento de que el actor no puedo hacer la transferencia porque el titular de la moto se fue del país (minuto 4.20).

A modo de conclusión, y tal como refirió el actor en sus alegatos (minuto 2.00), se tienen en cuenta las fotografías acompañadas del Sr. P. que dan cuenta del crecimiento de su mascota junto a la moto pretendida, lo cual no ha sido controvertido.

Por todo lo expuesto, estimo que corresponde hacer lugar al título supletorio reclamado por el Sr. P. respecto del motovehícuo toda vez que se ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos antes enumerados, y se comporta con ánimo de dueño respecto de éste, durante el tiempo exigido por ley.-------------------

A ello se suma que el titular registral del rodado fue declarado persona de ignorado domicilio en autos (fs.42), y que, notificados los terceros interesados mediante edictos (según constancias de fs. 43) no ha existido oposición alguna de éstos a la procedencia de la acción.

IV.- Luego, conforme lo expuesto en el considerando Ie corresponde fijar la fecha en la cual se cumplió el plazo de prescripción y, por ende, se produjo la adquisición del derecho real respectivo.

Así las cosas, estimo prudente determinar dicha fecha el día 15/10/2007, partiendo de la fecha en que el Sr. P. adquirió el motovehículo mediante contrato de compraventa, de fecha 15/10/1997 (conforme surge de la documentación digitalizada).

En otro orden de ideas, en cuanto al valor del título obtenido, debe reconocerse que la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada es absoluto, oponible erga omnes.

Ahora bien, entiende la suscripta fundándose en numerosos fallos (C1° CivCom, La Plata, sala III, 11/12/59, causa 93.416, Reg.329; idem 11/12/59, causa 93.418, DJBA,60 21; idem, sala II, 3/10/63, causa 113.344, DJBA,65 67) citados por José Levitán, pág 103, teniendo en cuenta que en el caso se trata de un bien mueble registrable y en interpretación armónica con la prescripción adquisitiva de inmuebles, que deberá procederse a la CANCELACIÓN de la inscripción denunciada e inscribirse la propiedad a nombre del Sr. R. H. P., a fin de evitar duplicidad registral, teniéndose presente que la sentencia recaída en autos tiene efectos declarativos que se retrotraen, no a la fecha de iniciación del juicio sino a la fecha antes indicada -15/10/2007-, en consecuencia todo acto de disposición del bien efectuado por el titular demandado durante el tiempo de la posesión carece de valor.

V.- En cuanto a las costas del presente, si tenemos en cuenta los principios generales, tratándose de un proceso contradictorio, las mismas deberían ser soportadas por los demandados vencidos.

Sin embargo, dada las características especiales de este proceso, donde generalmente el demandado es un "propietario desconocido", resulta equitativo que las costas sean a cargo del beneficiario del trámite (conf. reseñas de fallos citados en Revista La Ley, actualización de jurisprudencia, ptos.364 y 365, Costas por Mara Denise Feldman).

Por todo lo expuesto y citas legales;

RESUELVO:

I. Hacer lugar a la demanda instada por el Sr. R. H. P, DNI 00.000.000 y en consecuencia declarar adquirido a favor de este el motovehículo marca --------------------------, inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor bajo el dominio -------, a nombre de G. S., debiendo PROCEDERSE A LA INSCRIPCION denunciada y empadronarse a nombre del actor.

II. Fijar como fecha de cumplimiento del plazo de prescripción adquisitiva el día 15/10/2007 (art. 1905 CCyC y art. 210 inc. a) del CPCCyT).

III.- Imponer las costas a la parte actora, conforme lo considerado (arts. 35 y 36 del CPCCyT).

IV. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se aporten los elementos que así lo permitan.

V. Disponer que la sentencia se notifique a los terceros interesados, mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Los Andes, por el término de ley (art. 68, 69, 72 del CPCCyT).

VI.- Firme la presente, cancelado el pago del aporte jubilatorio ley 5059 y prestada la conformidad profesional, líbrense los oficios necesarios para proceder a la inscripción registral y empadronamiento, acompañándose los presentes autos para la toma de razón.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE conforme Acordada N°20.201.

NOTIFÍQUESE A LA DÉCIMA Y DÉCIMO NOVENA DEFENSORÍA CON REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. CÚMPLASE POR MESA DE ENTRADAS.

VP

DRA. ROXANA ALAMO Jueza

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